“A la fecha ya tenemos una cantidad de 328 mil litros incautados, y el 90 por ciento de los mismos corresponde al tema de diésel”, aseguró el director ejecutivo de la ANH, Germán Jiménez.
Describió que la mayoría de lo decomisado es combustible en un 90 por ciento, equivalente a unos 280 mil litros, desvío presumiblemente destinado a la minería ilegal en el departamento de La Paz.
El Gobierno de Bolivia oficializó el 13 de abril último la seguridad energética del país con la Política de Control y Lucha Contra el Contrabando de Combustibles, con la cual pretende alcanzar un ahorro anual de mil millones de dólares.
La estrategia interdisciplinaria fue oficializada en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo (sede gubernamental) a la que asistió Prensa Latina.
Participaron los ministros de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina; de Defensa, Edmundo Novillo; el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera; el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, y otras autoridades gubernamentales.
Molina afirmó que esta política implica una serie de medidas de control y optimización, desde la producción e importación hasta la venta de combustibles al consumidor final, y de este modo llegar hasta economizar al Estado aproximadamente mil millones de dólares.
“Este primer paquete de medidas tiene como objetivo el ahorro de alrededor de 250 millones de dólares que cada año se destinan a distintas actividades ilícitas (…) como el contrabando, la fuga de combustibles, que sale de nuestro país y que está desangrando la economía de los bolivianos”, sostuvo.
Desde el sector energético, explicó, la política se implementa mediante dos brazos operativos del Ministerio de Hidrocarburos y Energías: el control en la venta de combustibles en las fronteras y en el mercado interno por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)..
Por otra parte, YPFB se ocupa de la planificación en inversiones para exploración y explotación de hidrocarburos líquidos, además de la optimización de costos en la importación de combustibles y la sustitución de diésel fósil por biodiésel y HVO (aceite vegetal hidrotratado) para garantizar el suministro de carburantes.
Para corregir la fuga de combustibles al mercado negro y su venta al narcotráfico, la minería ilegal y otras ilícitas, el presidente, Luis Arce, decidió establecer severos mecanismos de control en todo el territorio nacional mediante la promulgación de los Decretos Supremos 4910 y 4911.
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