Según una encuesta de la firma CERC-MORI, publicada esta semana bajo el título de “Chile a la sombra de Pinochet”, el 36 por ciento de los consultados (más de una tercera parte) avalan la ruptura del orden constitucional.
Interrogada al respecto por Prensa Latina, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, consideró gravísimo este resultado, máxime si se tiene en cuenta que aún hay más de 900 detenidos-desaparecidos.
“Aquí no solo fueron víctimas los torturados, asesinados, prisioneros políticos y exiliados, sino que la sociedad en su conjunto fue perjudicada y las secuelas están hasta hoy día”, dijo.
Lira considera también que en la actualidad las encuestas están muy manipuladas, sobre todo por la forma de hacer las preguntas.
Por otra parte, afirmó, el poder político y económico está en manos de una minoría y los medios de comunicación masiva, la televisión, los diarios utilizan el tema de la inseguridad para amedrentar a la población.
En las elecciones del 7 de mayo para el Consejo Constitucional, órgano encargado de redactar una Carta Magna que reemplace a la vigente desde la dictadura, resultó ganador el Partido Republicano de extrema derecha, defensor del régimen militar y de la mano dura contra la delincuencia.
El miembro electo con más votos por esa organización, Luis Silva, confesó la víspera sentir “admiración” por Pinochet, a quien consideró un “estadista, un hombre que supo conducir el Estado”.
Según Silva, profesor universitario y numerario del Opus Dei, el recuerdo de los 17 años de su régimen no debería reducirse a los crímenes de lesa humanidad que cometió.
Al referirse a este tema, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, expresó su preocupación por la existencia de un negacionismo con el fin de validar una dictadura que masacró a gran parte del pueblo, persiguió políticamente, torturó y generó heridas hasta hoy.
Vallejo, militante del Partido Comunista, llamó a reconocer el pasado, reparar y hacer justicia y trabajar por fortalecer la democracia.
Diputados de los partidos Comunista, Socialista, Por la Democracia y Humanista, así como parlamentarios independientes, presentaron un proyecto de ley que busca tipificar y sancionar el negacionismo a los delitos de lesa humanidad.
De acuerdo con el informe de la Comisión Valech, publicado en 2011, durante el régimen pinochetista se registraron en el país más de 40 mil casos de violaciones de las prerrogativas ciudadanas, entre ellas tres mil 200 asesinatos y desapariciones.
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