La cartera indica que esa cifra se traduce en cerca de 282 mil violaciones de derechos como agresión física, psicológica, negligencia y explotación financiera o material.
Cada acusación puede tener más de un tipo de quebrantamiento de derechos.
El número de violaciones de derechos humanos es un 87 por ciento mayor en comparación con el mismo período de 2022.
De enero a mayo de 2022, más de 150 mil transgresiones fueron anotadas, a partir de más de 30 mil denuncias. Los dígitos son de la Defensoría Nacional de Derechos Humanos.
Según la Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios Continua, del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, en 2022 la porción de la población brasileña con 60 años o más de edad era de 14,7 por ciento del total. En cifras absolutas, son aproximadamente 31,2 millones de personas.
Para hacer frente a la violencia sufrida por las personas mayores y concientizar a la población sobre la importancia del tema, el MDHC presentó esta semana la campaña Junio Violeta.
La cruzada, que durará todo el mes, marcó el 15 de junio como el Día Mundial de Concientización sobre la Violencia contra la Persona Anciana.
Desde 2011, la fecha es reconocida oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas.
Por eso, la principal jornada de la campaña Junio Violeta será el 15 de junio, con la apuesta de que todo ciudadano puede cambiar esa realidad.
El secretario Nacional de los Derechos de la Persona Anciana del MDHC, Alexandre da Silva, aseguró que durante la movilización de junio «se realizarán diversas acciones para concienciar, sensibilizar y minimizar este gran mal que puede afectar a más de 32 millones de personas».
La meta es intentar promover un gran debate, conocer las experiencias que dieron resultado y revisar aquellas que fueron poco efectivas y afectan a personas mayores, desde una pequeña agresión hasta las físicas, psicológicas y patrimoniales, explicó.
Para el ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida, la protección, la defensa y la promoción de los derechos de las personas con edad igual o superior a 60 años deben ser política de Estado.
La Organización Mundial de la Salud define las situaciones de violencia contra personas mayores como acciones que perjudican su integridad física y emocional, impidiendo o anulando su papel social.
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