Desde el triunfo del extremista Partido Republicano en las elecciones para el Consejo Constitucional se multiplicaron aquí las voces que niegan las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el régimen de facto (1973-1990).
El consejero por el Partido Republicano Luis Silva, miembro prominente del grupo religioso Opus Dei, causó un repudio generalizado cuando expresó su admiración hacia Pinochet y lo calificó como “un estadista”.
Pero no es el único, pues hace algunos días la secretaria general de la Unión Demócrata Independiente, María José Hoffman, dijo por un medio de prensa que “las barbaridades de la dictadura son bastante equiparables con las barbaridades del gobierno de Salvador Allende”.
Este lunes el presidente de ese partido de derecha, Javier Macaya, defendió a Hoffman y repitió la ofensiva frase de que “sin Allende no hay Pinochet”, la cual fue pronunciada por un candidato del Partido Republicano en los comicios de 2021.
La directora del Museo de La Memoria dijo que es difícil y desolador escuchar este tipo de declaraciones, pues no solo reivindican el papel de la dictadura, sino además se instalan en la conciencia colectiva de la ciudadanía.
Advirtió cómo las redes sociales amplifican estos discursos de odio que no ayudan a mirar el pasado como una reflexión hacia el futuro.
“Para mí, aseguró, es muy raro seguir escuchando a la gente que estuvo en primera fila en la dictadura y después en la democracia también siguen en la primera fila”.
García se refirió también a la importancia de la educación en materia de derechos humanos para hacer entender a las nuevas generaciones que ese período de la dictadura, para ellos muy lejano, está mucho más cerca de lo imaginado.
De acuerdo con el informe de la Comisión Valech, publicado en 2011, durante el régimen pinochetista se registraron en el país más de 40 mil casos de violaciones de las prerrogativas ciudadanas, entre ellas tres mil 200 asesinatos y desapariciones.
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