La Política Regional Vini Jr. de Combate al Racismo en los Estadios y Arenas Deportivas tiene como autor al diputado Profesor Josemar y fue aprobada por unanimidad.
Además de la paralización de los cotejos, el proyecto de ley también crea un protocolo de acción para orientar cómo conducir las denuncias de racismo junto al Ministerio Público y orientar a las víctimas a la Defensoría Pública y otras entidades.
De igual manera están previstas divulgaciones obligatorias de campañas educativas.
«Tenemos de una vez por todas que extirpar este cáncer que es el racismo, especialmente en el medio deportivo. Esta ley va en el sentido de combatir el racismo y crear una sociedad igualitaria», afirmó Josemar.
Asimismo, fue aprobada la concesión de la Medalla Tiradentes para el futbolista Vini Jr. (Vinicius Junior), jugador del club español Real Madrid.
Este es el principal honor de la asamblea y fue propuesto por la diputada Verónica Lima.
Vini Jr. está de vacaciones en Brasil y en la noche del lunes estuvo en el estadio Maracaná, donde fue homenajeado por los equipos Flamengo y Vasco, que se enfrentaron por el campeonato nacional.
La destacada trayectoria del joven futbolista está manchada por ataques racistas desde que comenzó a actuar en el Flamengo y la situación empeoró tras su llegada a España, donde asumió el estatus de estrella del Real Madrid.
Son numerosos los casos, pero la gota que rebasó la copa ocurrió a finales del mes pasado durante un enfrentamiento contra Valencia.
Aficionados del equipo contrario gritaron mono al atacante brasileño desde el arribo del autobús al recinto deportivo. Durante el partido en el estadio de Mestalla, los insultos racistas siguieron.
Real Madrid mostró su más enérgica repulsa y presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado español por los agravios discriminatorios.
En un comunicado, la sociedad deportiva apuntó que «estos hechos constituyen un ataque directo al modelo de convivencia de nuestro Estado social y democrático de derecho» y «tales ataques constituyen además un delito de odio».
La entrada en vigor de la histórica ley depende de su sanción por parte del gobernador de Río, Claudio Castro, quien tiene plazo de 15 días para aprobarla o rechazarla.
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