Los 51 miembros de esa entidad trabajarán a partir de un borrador elaborado por una comisión de 24 expertos que fueron nombrados a partes iguales en las cámaras de Diputados y Senadores del Congreso Nacional.
El texto de ese grupo estuvo restringido por 12 normas, los llamados bordes constitucionales, fuera de los cuales no se puede incluir ningún principio ni concepto y se mantendrán vigentes durante las labores de los consejeros.
Tras las votaciones del 7 de mayo la posición privilegiada en este organismo la tiene el extremista Partido Republicano, con 23 escaños, seguido por la coalición del gobierno, que alcanzó 16 asientos, y en tercer lugar está la alianza de derecha Chile Seguro, con 11.
El miembro número 51 de la entidad es el representante de los pueblos indígenas, Alihuen Antileo, de la comunidad mapuche, quien debe sumarse a alguno de los otros bloques para tener voz en las diferentes comisiones de trabajo.
Una de las muchas críticas a este proceso es que los grupos ancestrales, que representan el 12 por ciento del total de la población chilena, apenas tienen un asiento en la entidad encargada de crear la nueva ley fundamental del país.
Causa preocupación en el país la preponderancia de la extrema derecha y la derecha conservadora en el consejo, donde juntos llegan a 34 miembros, cifra suficiente para obtener la mayoría calificada, imponer el veto y la libertad para redactar a su manera el documento.
Es una paradoja, porque los republicanos se negaron a firmar en diciembre pasado el llamado Acuerdo por Chile, de donde surgió este segundo intento por lograr una nueva Constitución, y ahora tienen en sus manos la posibilidad de hacerla a su antojo.
Luis Silva, el consejero más votado de esa agrupación, ya lanzó señales claras de sus propósitos, primero cuando dijo que siendo mayoría no tienen nada por negociar con la minoría y, más tarde, al manifestar su admiración por el dictador Augusto Pinochet.
Esa entidad tiene un plazo de cinco meses para entregar los resultados, que serán sometidos a plebiscito con voto obligatorio el 17 de diciembre.
Si en esa ocasión se impone el apruebo, debe entrar en vigencia la nueva Constitución a principios de 2024; caso contrario, seguirá funcionando por tiempo indeterminado la carta magna pinochetista.
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