Un reporte divulgado este miércoles en su sitio digital por el diario Corriere della Sera refiere que efectivos de la División de Investigaciones Generales y Operaciones Especiales (Digos), de ese cuerpo policial allanaron en la madrugada domicilios y oficinas de directivos y políticos de este país presuntamente involucrados.
En el operativo se ocuparon documentos, móviles y computadoras, en busca de pruebas de una mediación corrupta por la que, según las pesquisas iniciales, en Italia se cobrarían comisiones por 40 millones de euros, correspondiente a la mitad de la suma pactada para los sobornos, compartidos con autoridades colombianas.
Un portavoz de la Fiscalía de Nápoles, señaló en declaraciones divulgadas por ese medio, que “la suma total de 80 millones de euros se iba a dividir concretamente entre la parte colombiana y la parte italiana» a través del recurso al bufete de abogados estadounidense asociado Robert Allen Law, con sede en Miami.
Las acusaciones por corrupción pesan fundamentalmente contra el político Massimo D’Alema, del partido socialdemócrata Artículo Uno, quien fungió como primer ministro entre octubre de 1998 y abril del 2000, así como contra Alessandro Profumo y Giuseppe Giordo, exdirectores generales de las compañías italianas Leonardo y Fincantieri.
Por la parte colombiana, según diversas fuentes, es investigada la exministra de Relaciones Exteriores y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, así como Edgardo Fierro Flores, exjefe del grupo de trabajo para presentación de oportunidades, además de Germán Monroy y Francisco Joya, delegados de la comisión del Senado de ese país.
El periódico italiano La Verita publicó en marzo del pasado año el contenido de grabaciones secretas de una negociación entre Máximo D’Alema, y Edgardo Fierro, intermediario por la parte colombiana para la compra por ese país a las empresas italianas Leonardo y Fincantieri de dos corbetas, un submarino y 24 aviones caza M-346.
En esa grabación, realizada entre enero y febrero de 2022 supuestamente el ex primer ministro asegura que si la venta se concluye con éxito, recibirán un por ciento del valor total del contrato.
Sin embargo, D´Alema alegó que “intenté echar una mano a las empresas italianas para que aceptaran un encargo importante, y personalidades colombianas se pusieron en contacto conmigo” pero “obviamente, alguien se molestó e intervino para evitarlo”.
Las negociaciones duraron alrededor de seis meses y se aceleraron a inicios del pasado año, pocos antes de que finalizara en Colombia el gobierno de Iván Duque, pero a último momento se cancelaron, agrega la fuente.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseveró la víspera a través de su cuenta de Twitter que “la investigación italiana avanza” y pidió a la Fiscalía General de su país investigar por estos hechos a los altos funcionarios del anterior Gobierno presuntamente involucrados en los mismos.
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