La víspera la Comisión de Constitución y Legislación de esa cámara aprobó por unanimidad que el asunto pase al Senado.
También ayer Penadés renunció al Partido Nacional, cuyo comité de Ética decidió esperar por el levantamiento de su inmunidad parlamentaria antes de decidir sobre su permanencia en la organización política.
En la Comisión senatorial los legisladores tuvieron a mano el informe de la fiscal Alicia Ghione, que detalla a partir de la declaración de ocho denunciantes el modus operandi del senador, los lugares donde presuntamente «levantaba» a los menores, las formas de contacto y, en algunos casos, pormenores de los abusos.
Se supone que se trata de información clasificada, pero el diario El Observador dijo haber accedido al legajo.
La fiscal denuncia formas de explotación sexual a las víctimas a cambio de dinero.
En su pedido, también hace mención al presunto intermediario Sebastián Mauvezín, un profesor quien reclutaba adolescentes y los ponía en contacto con el legislador para realizar actos sexuales.
De las ocho denuncias, hay siete que no prescribieron y, según el documento, “la mayoría de las víctimas” tenían entre 13 o 14 años en el momento del abuso y otros 15 o 16, según el diario.
“En todos los casos, el acceso a las víctimas y al abuso sexual concreto, es desde una relación de poder de diferencia de edad, de situación económica, desde una hegemónica posición de explotador”, dice el documento.
“Las víctimas son o han sido de contextos sociales altamente vulnerables (…) situación que los llevó a caer en la explotación sexual del senador porque necesitaban dinero”, explica Ghione en su argumentación.
E n algunos casos las víctimas aseguran que no recibieron el pago prometido, en otros que recibieron la mitad del dinero y en algunos casos señalan explícitamente haber dejado en claro que eran menores de edad.
mem/ool
