La defensora de los derechos humanos Camilla Fabri mencionó la celebración de un foro internacional con la participación de expertos naciones y extranjeros para reflexionar sobre el Lawfare, la guerra mediática contra Venezuela y la retención ilegal del también empresario.
Señaló en entrevista televisiva que la persecución judicial se ha convertido en una práctica en Latinoamérica y alcanzó al extremo hasta de secuestrar a un funcionario venezolano.
Fabri, también esposa de Saab, llamó a la unión de los líderes políticos y juristas para rechazar la guerra jurídica y judicial en la región, además de denunciar y luchar para poder “creer nuevamente en la justicia”.
Al referirse a los medios de comunicación, manifestó que “ha sido muy grave” en su uso para atacar a líderes políticos y funcionarios, y subrayó que en el caso de Saab “enfrenta una campaña de desacreditación”, la cual comenzó mucho antes de su secuestro y luego adquirió la “locura máxima”, acotó.
Comentó que medios de comunicación utilizan el nombre del diplomático como palabra clave para posicionar contenidos, aunque no estén relacionados con su figura.
Sobre la justicia estadounidense, la defensora de los derechos humanos dijo no creer en ella y lo argumentó con la negativa que tuvieron para verlo en diciembre, cuya decisión fue “descaradamente política”, afirmó.
Manifestó que entre los cargos que le atribuyen a él está el de conspiración, imputación que consideró totalmente política y pueden manipular a su conveniencia como la extensión de los tiempos procesales, ya que “no tienen ninguna prueba” en su contra.
A Estados Unidos no le importa mínimamente nada, ellos siguen con su presión y persecución jurídica, remarcó.
Para Fabri, su esposo es un prisionero político y de guerra, y todo lo que gira a su alrededor está “totalmente manipulado”.
Adelantó que como parte del movimiento solidario en el país serán pintados 22 murales en reclamo a la liberación del diplomático, aunque ya existen 37 en todo el país.
Saab fue apresado de manera ilegal en Cabo Verde el 12 de junio de 2020 y el 16 de octubre de 2021 fue extraditado a Estados Unidos, donde hoy se encuentra en una cárcel en violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.
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