Las autoridades de la casa de altos estudios retrasan ese momento para evitar alguna revuelta, denunciaron en declaraciones a la prensa diferentes catedráticos ante la imposibilidad de empezar de inmediato.
El Consejo Superior Universitario (CSU) argumentó antes mediante un comunicado que existe un “riesgo biológico”, por el “deterioro y destrucción” de las instalaciones, como tuberías rotas, drenajes en mal estado, entre otras.
El profesor de la facultad de Derecho Mynor Berganza consideró que la limpieza no debiera llevar más de dos meses, por lo cual insistió en retornar a las clases tras las elecciones del venidero 25 de junio.
Tampoco quieren recibir las instalaciones porque dicen que conllevan asuntos penales por los daños ocasionados, y lo que buscan es criminalizar a los estudiantes, comentó el investigador en el colectivo de Estudios Rurales Ixim Garoz.
El Ministerio Público divulgó que, por medio de la Fiscalía Especializada contra los Delitos de Usurpación, continúan las investigaciones dentro del campus universitario y el Centro Cultural Paraninfo Universitario.
El ente catalogó la pesquisa bajo reserva judicial, por lo tanto, descartó la posibilidad de determinar cuánto tiempo tardará.
La toma de esta sede, al igual que otros espacios asignados a la Usac en distintos puntos del país, se produjo como medida de hecho para expresar el rechazo a la elección en julio de 2022 de Walter Mazariegos como rector de la universidad.
Los líderes estudiantiles señalaron que la resistencia va más allá de la toma de las recintos y se comprometieron a seguir recordando el fraude desde las aulas.
Con anterioridad, el 9 de enero pasado, devolvieron el Centro Universitario de Noroccidente, ubicado en Huehuetenango, con una propuesta de diálogo que la administración rechazó.
La crisis actual, con más de un año a partir de la elección de Mazariegos, se encuentra judicializada por más de 20 amparos sin resolución en los tribunales.
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