Hace solo unos días, trabajadores de la Caja, como se conoce popularmente la institución pública, salieron a las calles para exigir una mesa de diálogo con los directivos para intercambiar sobre la Ley de empleo público.
También ante su preocupación por las manifestaciones del Gobierno sobre la supuesta quiebra de la CCSS, la deuda económica del Estado con la institución y la posible privatización de servicios.
Encargada de la seguridad social de Costa Rica, la Caja administra dos grandes seguros: salud y pensiones, así como coordina y ejecuta programas tanto de prevención y asistencia a gran parte de la población de esta nación centroamericana.
Al presentar un balance sobre el estado financiero de la entidad pública fundada en 1940, Esquivel explicó que esa realidad implica un deterioro en la prestación de los servicios: compra de medicamentos, equipos, instalaciones, mantenimiento y disponibilidad de trabajadores calificados.
El hueco financiero contribuye al aumento exponencial de las listas de espera, afectadas también por malas administraciones, subrayó.
En sus argumentos señaló que la Caja, como popularmente se conoce, no es caritativa ni universal y a pesar de abundantes evidencias, las anteriores Juntas Directivas no tomaron medidas para solucionar este problema.
Culpó de esta situación a anteriores administraciones, los cuales no tomaron acciones para proteger las finanzas,
Explicó además que Estados financieros no cumplen con las normas mínimas nacionales e internacionales, no se sabe cuántos son los activos y los inventarios, y que hubo intentos que resultaron fallidos para implementar nuevos sistemas informáticos.
Sobre este tema recordó que desde 2007, inició un proceso para llevar la contabilidad, el software para llevar la gestión institucional, sin embargo 16 años después no empiezan las primeras pruebas.
Luego de mostrar la situación actual de la Caja, Esquivel enumeró cuáles serán las consecuencias de no hacer nada al respecto: habrá más deterioro en la prestación de los servicios de salud, más filas y más atrasos en las listas de espera.
Una vez que la Presidenta Ejecutiva hizo estos anuncios, algunos diputados respondieron. Entre ellos el diputado Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), una de las agrupaciones de este tipo más antiguas del país.
Izquierdo rechazó los argumentos sobre la realidad financiera de la institución, debido a la injerencia que Casa Presidencial ha tenido.
Recordó que el Gobierno tomó la Junta Directiva de la Caja, quitando a los representantes de los trabajadores, del sector cooperativo, sindical y el solidarismo, colocando ahí a personas afines del presidente.
Desde ese momento las decisiones de la junta directiva se tornan políticas, hay una administración de facto de la institución. Hablemos claro, la Caja está tomada por él por Gobierno y ya no está representada por los sectores, no existe autonomía, no se respetan las leyes, afirmó.
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