Según explicó al diario La Estrella de Panamá, el secretario general de Convergencia Sindical, Eduardo Gil, la responsabilidad principal de la postergación de esas conversaciones la tiene el presidente del país, Laurentino Cortizo, quien delegó ese proceso en los trabajadores y empresarios de la entidad.
Para el dirigente sindical se trata de una manera de dilatar un debate en receso desde diciembre de 2021, luego que el Estado gestionara con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) un contrato para hacer un análisis actuarial y financiero de la CSS, entregado el 15 de septiembre de 2022.
Gil aseveró que a Cortizo, pero también al director de la CSS, Enrique Lau, se les planteó la necesidad de recomponer y hacer los ajustes necesarios para hacer funcional el diálogo, pero sin que muestren voluntad de corregir los errores cometidos antes.
Para Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, no se le debe seguir dando vueltas al asunto, que lo único que va a ocasionar es afectaciones a la CSS y a la economía del país.
También los economistas Felipe Argote y Juan Jované sostuvieron que el mandatario no debió optar por quedarse fuera de esa decisión.
Jované explicó que esta situación es grave, cuando lo que está en juego es un cambio de estructura legal sobre el tema de las pensiones que implica una nueva ley, que debe ser presentada por el Órgano Ejecutivo.
Argote por su parte recordó que la de la CSS es una estrategia de país que no está definida, o cuáles son las estrategias a largo plazo, por lo tanto, muy poco se podría decidir sobre qué tipo de seguridad social se adopte.
Acerca de una normativa, Gil precisó además que la propuesta ya se encuentra en primer debate y en espera de instalar una comisión técnica para el próximo periodo legislativo, que empezará el 1 de julio próximo, del cual espera que la CSS y el gobierno participen con propuestas.
En Panamá, la CSS es una entidad pública que depende mayormente de las contribuciones de los trabajadores y los patronos.
Sin embargo, la crisis en sus finanzas era totalmente predecible con una caída en el empleo y, por ende, en los aportes de los cotizantes. Un reciente informe de la OIT ratificó la insostenibilidad financiera de uno de sus principales subsistemas, el de Invalidez, Vejez y Muerte(IVM).
En el documento de 182 páginas, el organismo precisó que la reducción progresiva de los cotizantes activos, y por tanto la caída de los ingresos por contribuciones, el agotamiento en 2024 de la reserva total del programa y el incremento acelerado de nuevas pensiones, crearán una fuerte presión en el creciente gasto del IVM.
Es así como el déficit operativo anual proyectado en términos nominales del sistema de beneficio definido del IVM crecerá progresivamente y alcanzará un tope máximo anual en 2050 cercano a los siete mil 500 millones de dólares, según el estudio contratado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
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