La asesora de Relaciones Internacionales de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), embajadora Gilka Meléndez, explicó en la reunión, celebrada la semana pasada, cómo la nación caribeña realiza transformaciones importantes en beneficio de la institucionalidad y las prácticas de integridad en la administración pública.
Meléndez sostuvo que estos cambios revelan una mejoría en la ejecución presupuestaria y fortalecimiento de la lucha contra la impunidad, favorecida por la independencia de los Poderes Públicos Legislativo y Judicial, que ejercen con autonomía del Ejecutivo.
En ese sentido, precisó que bajo la coordinación de la Digeig se articuló la participación de 18 entidades públicas para la elaboración de la respuesta a la lista de verificación de la Implementación de medidas preventivas y recuperación de activos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
De igual, refirió que esa Dirección ejecutó el Decreto No. 791-21 que transformó las Comisiones de Ética Pública en Juntas de Integridad Gubernamental para prevenir actos de corrupción, así como garantizar el principio de buen gobierno y acceso a la información.
Acerca de los avances obtenidos en materia de corrupción, Meléndez puntualizó que se creó la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República con el objetivo de realizar investigaciones especializadas a instituciones estatales que sean objeto de señalamientos por conductas enmarcadas como actos de degradación o prácticas irregulares.
También, surgió el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, declarando de interés nacional el rescate de los bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio estatal.
La embajadora destacó que la Procuraduría General dio luz verde al sometimiento a los tribunales de 14 casos de corrupción, en los cuales están involucrados exfuncionarios, quienes han optado por ser testigos en colaboración con el Ministerio Público.
También explicó que entre agosto de 2020 y junio de 2023, la Dirección Nacional de Control de Drogas decomisó un total de 90 toneladas de estupefacientes con la colaboración de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Procuraduría General de la República y la Armada.
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