Demandamos que las y los candidatos prioricen en sus planes de gobierno una solución a la conflictividad agraria del país, señaló el grupo mediante un comunicado, suscrito también por distintas organizaciones de la sociedad civil.
Ello –agregaron- para que las comunidades que viven en y del suelo logren justicia y seguridad sobre el mismo.
En estos comicios votemos por el derecho a la tierra y la justicia agraria, pidieron además la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra de América Latina y el Caribe y la campaña global Derechos a la Tierra Ya.
Según la Plataforma, el sufragio general de 2023 se ha visto manchado por la suspensión arbitraria de candidatos, lo cual es un reflejo de la frágil democracia y ha puesto en duda la independencia de las instituciones electorales.
Calificó de indignante el desprecio manifiesto por la vida de la población campesina e indígena en esta nación centroamericana.
“Los desalojos forzosos de comunidades continuaron en el contexto electoral, pese a que los estándares internacionales lo prohíben”, expusieron.
Ejemplificaron en ese sentido que tan solo en 2022 se reportaron más de 70 casos, con mayor incidencia en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Quiché, Petén, Escuintla y Santa Rosa.
Los índices de pobreza, desigualdad y represión en el campo se agudizaron, “reflejo de un estado permanente de inseguridad sobre la tierra y de las agresiones a las comunidades campesinas y los pueblos indígenas en sus territorios”, remarcaron en el texto.
Ante tal escenario, unos 9,3 millones de guatemaltecos acudirán a las urnas en cinco días para elegir a un nuevo mandatario, vicemandatario, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 alcaldes municipales para el periodo 2024-2028.
Si alguno de los candidatos no obtiene el 50 por ciento más uno de los votos, el Tribunal Supremo Electoral fijó una segunda vuelta el domingo 20 de agosto, en la que participarán los dos binomios con la mayoría de papeletas en la primera fecha.
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