Laynez propuso declarar inconstitucional la segunda parte de la propuesta que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de Plan B de reforma electoral, debido a que, según el magistrado, durante su aprobación la Cámara de Diputados y el Senado incurrieron en múltiples violaciones al proceso legislativo.
Señaló que, por la misma razón, fue declarada inconstitucional la primera parte del Plan B, en mayo pasado.
El partido Morena acusó a la SCJN de violar la constitución porque esa instancia no tiene facultad para derogar lo que fue aprobado por otro poder del Estado, pero los ministros lo niegan.
El mandatario acusó a la SCJN y a su consejera presidenta, Norma Piña, de intentar un golpe de Estado técnico al tratar de impedir el desenvolvimiento del Poder Ejecutivo en sus funciones constitucionales.
Buscan impedir por la vía judicial de invalidación, el derecho de ejecutar, como intentaron con las obras estratégicas de la nación las cuales no han podido detener, como el Tren Maya o la refinería de petróleo de Dos Bocas.
Laynez entregó la víspera a sus compañeros el proyecto de sentencia, de 157 fojas, que será votado este mismo mes.
En el apartado relativo al estudio de fondo se determinó que resultaban fundados los conceptos de invalidez relacionados con el procedimiento legislativo.
Incluso, parcialmente fundado el relacionado con la falta de consulta tanto a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las personas con discapacidad presentado por opositores al gobierno.
Bajo este argumento, Laynez propone invalidar completamente el derecho publicado el 2 de marzo pasado, que reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Tal derecho expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que el próximo proceso electoral federal deberá realizarse con base en las normas anteriores.
Para que la propuesta del magistrado prospere tendrán que avalarla ocho magistrados, precisamente la cantidad que domina la derecha de los 11 ministros de la Corte.
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