Sin admitir que el reparo de ciudadanos, comerciantes y empresarios jugó un papel en la revisión, el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) de Puerto Rico, Omar J. Marrero, anticipó que el cargo impuesto a los consumidores para pagar a los bonistas de la AEE disminuirá.
Esto, dijo, refleja que las tendencias del mercado y proyecciones apuntan a una reducción sustancial en el consumo de energía e ingresos proyectados para la AEE.
Tal realidad resulta en una disminución significativa en la capacidad de la AEE para pagar su deuda, admitió el funcionario, quien también ocupa la cartera de Secretario de Estado de Puerto Rico.
Los comerciantes y empresarios anticipan que de no producirse la portación de los consumidores para el pago de la deuda de la AEE, se producirá una ruina económica en esta isla del Caribe, colonia de Estados Unidos desde hace casi 125 años.
“De ahí que, según reconocido por la Junta en la moción informativa presentada anoche ante el tribunal federal, también disminuyó significativamente el espacio disponible para imponer tarifas a los consumidores para el servicio de deuda”, explicó Marrero.
Aclaró que aunque la Junta no señaló con especificidad los cambios que propondrá al cargo heredado, reconoció que este se reducirá para que se mantenga dentro de parámetros de asequibilidad.
En la moción informativa a la jueza federal Laura Taylor Swain, la JSF notificó su intención de enmendar el plan de ajuste de la deuda de la AEE y proveyó un resumen de las enmiendas que entiende necesarias con el propósito de conformarlo con el Plan Fiscal, aseguró el director de la Aafaf.
La JSF confirmó que en el Plan de Ajuste a la Deuda (PAD) enmendado reducirá de 5,68 mil millones de dólares a 2,38 mil millones el pago a los bonistas, sin que se haga referencia al dinero para las pensiones de los trabajadores de la corporación pública, cuyo proceso de privatización avanza.
El presidente de la JSF, David Skeel, explicó en declaraciones escritas que la reducción del Plan de Ajuste es necesaria para que la AEE pueda suministrar electricidad a personas y negocios de Puerto Rico a tarifas sostenibles.
El gobierno puertorriqueño evalúa “detenidamente” la lista de enmiendas propuestas al PAD para determinar si son consistentes con la política pública del gobierno de Pedro R. Pierluisi, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), particularmente a la luz del Plan Fiscal recién certificado por la Junta Fiscal, impuesta por Washington.
El representante de los consumidores ante la junta de gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa, alertó esta semana de que un alza de 30 por ciento en la tarifa eléctrica por las próximas tres décadas será catastrófico para los puertorriqueños.
Este aumento estaría contenido en el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE y sería para poder pagar las pensiones de los empleados jubilados de la AEE y la deuda de la corporación, aclaró el ingeniero Torres Placa.
Desde que comenzó el proceso de privatización de la AEE, el consorcio canadiense-estadounidense LUMA Energy ha peticionado siete incrementos en la factura, que ha autorizado el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).
La administración del gobernador Pierluisi ha insistido que cualquier plan de ajuste de la AEE debe ser asequible, factible y sostenible, preservando el mandato estatutario y el poder del NEPR.
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