Los planes de seguridad implementados por la actual gestión gubernamental resolvieron el grave problema de inseguridad provocado por las pandillas en contra del transporte colectivo de pasajeros que por décadas sufrió el asesinato de motoristas, cobradores, despachadores de rutas y empresarios, precisó la publicación.
El común denominador de estos homicidios era el no pago de la extorsión, o mal llamada «renta», impuesta por grupos terroristas a los propietarios de buses y microbuses que, según las estimaciones de la Mesa Nacional de Transporte, cada año eran obligados a pagar un estimado de 19 millones de dólares a las maras, explicó el rotativo.
En la memoria de los salvadoreños no se borra la muerte de 17 personas calcinadas en el interior de un autobús en el municipio de Mejicanos, en esta capital, a manos de las pandillas el 20 de junio de 2010.
Organizado como venganza del Barrio 18 frente a sus rivales de la Mara Salvatrucha (MS-13), esta masacre es considerada la más sangrienta de las pandillas de El Salvador debido a una crueldad nunca vista hasta entonces contra la población civil.
mem/lb
