La titular del juzgado segundo de distrito en procesos penales federales, confirmó su dictamen por posible vinculación al delito de desaparición forzadas a Gustavo Rodríguez, Omar Torres, Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada, Uri Yashiel Reyes y Juan Sotelo.
La Fiscalía General de la República pidió que declarara “Juan” testigo protegido y líder de Guerreros Unidos, quien afirmó que los militares “no auxiliaron a los estudiantes” para evitar que fueran secuestrados y posteriormente desaparecidos.
Se utilizó como parte de los argumentos que los militares que acudieron a la Clínica Cristina, donde llevaron a algunos normalistas heridos, trataron mal a los estudiantes que ahí se encontraban, aunque ninguno resultó desaparecido.
A pregunta expresa sobre si sabía qué militares colaboraban con Guerreros Unidos, “Juan” afirmó que todos los que salieron del cuartel de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes fueron detenidos por el grupo criminal, que posteriormente los despareció.
En su cuenta de Twitter, el subsecretario de Derechos Humanos de Segob, Alejandro Encinas, confirmó la noticia previo a la marcha que mes a mes llevan a cabo los familiares de los alumnos desaparecidos del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México, para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos.
También el extitular de la Unidad Antisecuestros de la Procuraduría General de la República, Gualberto Ramírez, fue puesto a disposición de un juez de control del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, donde se radica la causa penal por delitos de lesa humanidad y coalición de servidores públicos.
Allí estará junto a varios exfuncionarios de esa institución, entre ellos su extitular Jesús Murillo Karam, quien diseñó y aplicó junto con su subalterno Tomás Zerón, asilado en Israel y prófugo de la justicia, la denominada “verdad histórica” aprobada por el expresidente Enrique Peña Nieto, para ocultar el crimen de Ayotzinapa y poner fin al caso.
El exfuncionario fue detenido el domingo en cumplimiento de una orden de aprehensión que tenía pendiente por desaparición forzada, tortura, intervención de comunicaciones privadas y colusión de servidores públicos.
Por esos cargos puede alcanzar una pena mínima de 16 años de prisión y una máxima de 71. Su situación jurídica será determinada el 1 de julio, y mientras seguirá en prisión preventiva en el Reclusorio Sur de Ciudad de México.
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