La magistrada, que atiende la bancarrota de esta isla del Caribe de 3,2 millones de habitantes, bajo el dominio colonial de Estados Unidos, desinfló de ese modo las pretensiones de los bonistas no asegurados de la corporación eléctrica estatal.
La decisión surgió en medio de los insistentes reclamos de diversos sectores del país, incluidos ciudadanos comunes, comerciantes y empresarios, previó a que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), establecida por Washington en 2016 para controlar la finanza pública, presentara su propuesta.
El organismo impuesto al gobierno puertorriqueño debe presentar un informe acerca de los pasos a seguir en el proceso de Título III de la AEE.
La jueza de distrito federal emitió una decisión de 47 páginas, estableció que el modelo de estimado utilizado por la JSF es el más adecuado para determinar cuánto realmente adeuda la AEE por concepto de bonos.
En este sentido, sin embargo, la jueza federal dio mayor peso al análisis que efectuaron los expertos del Comité de Acreedores no Asegurados, por lo que aplicó el 20 por ciento de descuento, equivalente a dos mil 388 millones de dólares.
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