La Cancillería indicó en un comunicado que, desde el mismo momento en que la Fiscalía de la CPI inició el Examen Preliminar en febrero de 2018 y a lo largo de todo el proceso, denunciaron la intención de instrumentalizar los mecanismos de la justicia penal internacional con fines políticos.
Ello, afirmó, vinculados con la estrategia de “cambio de régimen» impulsada por las autoridades de los Estados Unidos.
El texto denunció que, como parte de esa estrategia, operadores políticos nacionales e internacionales “han pretendido sostener una acusación de supuestos crímenes de lesa humanidad” que nunca ocurrieron.
Promovido, dijo, a partir de la deliberada manipulación de un reducido conjunto de delitos contra los derechos humanos que fueron o están siendo investigados y sancionados por las autoridades del Sistema de Justicia venezolano.
La República Bolivariana lamentó que la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares se preste para “alentar y contribuir con esta maniobra”, que claramente desnaturaliza la razón de ser de la CPI y mina su credibilidad como organismo de justicia internacional, pese a toda la información puesta a su disposición.
Ante esta decisión, Venezuela recurrirá ante la Sala de Apelaciones, al tiempo que continuará haciendo uso de las acciones previstas en el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional para defender la verdad y asegurar sus derechos como nación, señaló la nota.
El comunicado consideró esta acción de ofensiva abierta que utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines contrarios a su naturaleza y a los objetivos que se persiguieron con su creación.
rgh/jcd
