Ante los resultados desfavorables producto del hartazgo ciudadano, varias agrupaciones afectadas con los mismos, interpusieron acciones legales que buscan ese objetivo, describieron mediante un comunicado.
Tal pretensión, sin que se agotaran los procedimientos legales en las instancias competentes para resolver impugnaciones, persigue crear las condiciones para un golpe electoral, lo cual es equivalente a un golpe de Estado, sentenció el grupo.
En el texto remarcaron que tanto las misiones de observación electoral nacionales e internacionales certificaron que, a pesar de muchos incidentes, los resultados de la jornada del 25 de junio son válidos y existen los medios de verificación para certificar.
Las inconformidades en la sumatoria de actas, que es donde se concentran dichas reclamaciones, deben ser resueltas en las instancias, tiempos y procedimientos legalmente establecidos, expresaron.
Para ello, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad deben actuar con responsabilidad y celeridad para evitar generar un clima peligroso de ingobernabilidad, reclamaron en el comunicado.
Las organizaciones sociales que integran el Mirador Electoral llamaron a la ciudadanía a mantenerse informada y atenta para defender el voto popular.
Pidieron cerrar “espacios a grupos sediciosos que pretenden retener el poder por la vía de un golpe electoral”, subrayaron.
Medios de prensa reportan que el pleno de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala tenía previsto reunirse a las 16:00, hora local, para analizar un amparo presentado por nueve partidos políticos.
Estos señalaron al ente encargado del proceso comicial dadas supuestas anomalías en los resultados del domingo pasado.
En redes sociales circula la convocatoria a una protesta pacífica el venidero domingo a las 10:00, hora local, frente al TSE y en el parque central de los municipios.
El candidato a la presidencia por el movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, advirtió la víspera en conferencia de prensa sobre intenciones de agrupaciones políticas para manipular la situación.
El TSE debe aprobar en lo inmediato (tiene hasta ocho días tras las elecciones) los datos expuestos a partir del sistema de conteo rápido, de los cuales saldrán las más de cuatro mil autoridades para el periodo 2024-2028.
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