Coincidiendo con el inicio de la primera legislatura del quinto período de sesiones ordinarias, la protesta de la Alianza Pueblo Unido por la Vida demandará que los diputados rechacen ese pacto por anticonstitucional.
Según explicó a Prensa Latina el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independientes (Conusi), Marcos Andrade, el Ejecutivo hace caso omiso a los reclamos de la población en contra de la minería metálica y los daños ambientales.
El texto avalado antes por el Consejo de Ministros y el presidente de la República, Laurentino Cortizo, precisó, debe ser evaluado por los diputados y esperamos sepan legislar en favor del pueblo que con su voto les otorgó esa encomienda.
La ley que avaló el contrato con la filial de la trasnacional canadiense First Quantum, para la extracción y producción fundamentalmente de cobre, en el distrito Donoso, de la oriental provincia de Colón, fue declarado inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia.
El contrato ha sido blanco de severas críticas de grupos ambientalistas y organizaciones sociales que estiman es una herramienta para entregar a empresas extranjeras los recursos naturales más preciados y que pertenecen a los panameños.
Según un comunicado del colectivo que aúna a centrales obreras, sindicatos, gremios y agrupaciones comunales, a un año de una explosión social que paralizó al istmo en 2022, la movilización de este sábado responde también a incumplimientos del Ejecutivo de acuerdos establecidos en una mesa de diálogo instalada en la ciudad de Penonomé( Coclé) para salir de la crisis.
A juicio del secretario general de Convergencia Sindical, Eduardo Gil, coordinador de la alianza, al año de aquellos sucesos que estremecieron al país, no se cumplen ni siquiera medidas paliativas a los altos precios del combustible, los medicamentos, los alimentos y la electricidad, mientras son mayores las carencias de la población más humilde.
También comentó que es preocupante la situación del acceso a agua potable y vivienda digna, crecen la informalidad en el mercado laboral, el desmepleo, despidos masivos, desalojos y acoso a los dirigentes sindicales.
Los gobernantes de turno no nos dejan otra opción que tomar las calles y legislar desde el pueblo y para el pueblo, remarcó.
También denunció que la actual administración y su modelo neoliberal se desentienden de los acuciantes problemas de la Caja de Seguro Social, como la falta de liquidez y medicinas; y lejos de resolverlos pretende pasarlos al Gobierno que resulte electo en mayo de 2024.
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