Al interior del capitalino Parque de la Industria, devenido Centro de Operaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el fiscal del movimiento Semilla, Juan Gerardo Guerrero, denunció a su homólogo Héctor Aldana de Vamos, fuerza del presidente del país, Alejandro Guiammattei.
De acuerdo con su declaración pública, por intentar amedrentar a los miembros de las Juntas Electorales Departamentales, obligarlos a que abran las cajas selladas que contienen las papeletas marcadas y el resto del material de los comicios.
“La apertura de dichas cajas es ilegal, y no se encuentra contemplada en la legislación electoral. Constituye una violación inaceptable a la integridad de los resultados», señaló el magistrado de Semilla.
Instó a los observadores, ciudadanas y ciudadanos y población en general a estar pendientes de cualquier intento de alterar los sufragios.
La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas reportó la existencia de cajas con el marbete roto o los sellos del TSE alterados, en donde se encuentran ubicadas las papeletas del departamento de Quiché.
A pesar de la lluvia, en las afueras del recinto un grupo de más de 50 personas portaban pancartas y rótulos, bajo la consigna de “las elecciones se resuelven en las urnas, no en las cortes”.
Jóvenes apostados en el lugar afirmaron a la prensa que “si no hay transparencia, seremos resistencia”, mientras un fuerte dispositivo de seguridad integrado por policías, militares y un equipo antidisturbios custodia la zona desde el sábado pasado.
“Guatemala ha despertado y estos sinvergüenzas no nos van a robar esa alegría que tenemos como pueblo”, expresó una mujer, en referencia al pase al balotaje del candidato presidencial Bernardo Arévalo, cuya agrupación califican de progresista.
Desde esta mañana están convocados fiscales de los partidos políticos, periodistas y representantes de las organizaciones en la contienda, para que realicen las objeciones e impugnaciones que estimen pertinentes.
La prensa local divulgó que la revisión continuará departamento por departamento toda la semana, a partir de una programación establecida, y se desconoce la fecha en la que se conocerán los resultados oficiales.
El pasado sábado en la noche nueve partidos políticos presentaron un amparo ante la CC por impugnaciones a unas mil actas, las cuales representan el 0,82 por ciento de las 121 mil 227 procesadas, según analistas.
El pleno de magistrados de ese tribunal, sin embargo, orientó esa segunda revisión y además la suspensión de la adjudicación de cargos públicos hasta que finalice este proceso, maniobra que levantó muchas sospechas.
Diversos grupos sociales instaron a respetar la integridad de los resultados, e incluso autoridades indígenas del país pidieron a la CC revocar la decisión, sino en tres días comenzarán con movilizaciones.
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