Aunque el presidente Guillermo Lasso lo niega, varios analistas aseguran que tras el acuerdo con el banco suizo Credite Suisse el jefe del Ejecutivo cedió la soberanía de ese territorio, considerado un paraíso natural ubicado en medio del océano Pacífico.
En la práctica, el acuerdo consiste en un nuevo préstamo emitido por la entidad financiera suiza y cuenta con una garantía de 85 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y un seguro proporcionado por la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), de Estados Unidos.
La administración de Lasso promovió ese convenio como un “canje de deuda por naturaleza” con el propósito venerable de conservar el entorno donde el científico inglés Charles Darwin pudo desarrollar en el siglo XIX su teoría sobre la selección natural de las especies.
Es decir, el Estado dejaría de pagar mil 126 millones de dólares a cambio de destinar más de 450 millones a un fideicomiso creado para ese fin: Galápagos Life Fund (GLF), corporación constituida en Estados Unidos, específicamente en Delaware, estado considerado un paraíso fiscal.
Del anuncio del canje hace más de un mes, pero la polémica al respecto no se detiene.
De acuerdo con lo establecido, el GLF, conformado por 11 miembros, será responsable hasta 2041 de la gestión de fondos para la preservación ambiental del archipiélago.
La negociación implica que GLF definirá las políticas públicas, sobre todo de inversión, en las Islas Galápagos y, por tanto, se encargaría de la administración de las actividades comerciales como la pesca y el turismo.
En ese directorio solo se encuentran cinco representantes del Estado ecuatoriano sin voto, pues quienes sí deciden son empresas internacionales y organizaciones no gubernamentales, como Pew Bertarelli Ocean Legacy Project y Oceans Finance Company.
El periodista y sociólogo Andrés Durán reveló a través de la emisora Hoja de Ruta que un miembro del GLF es la Cámara de Turismo de Galápagos, cuyo presidente, Eduardo Brito, es mano derecha de Roque Sevilla, un exconsejero de Lasso.
El exministro de Ambiente Daniel Ortega alertó que el gobierno del banquero no ha impulsado ningún canje de deuda en Galápagos, sino un trueque oscuro que favorece a privados.
En declaraciones a Radio Pichincha, el exfuncionario manifestó que ese es un pésimo precedente a nivel internacional en la gestión de recursos fiscales para la gestión de conservación.
Además, lamentó que esto ocurra cuando las Galápagos sufren un deterioro en términos de sostenibilidad, por el incremento del turismo, las especies invasivas y la falta de insumos para cubrir las necesidades básicas de sus habitantes.
La semana pasada, cuando el mandatario visitó las islas en medio de la crisis de desabastecimiento, los galapagueños lo recibieron con gritos y denuncias de haber vendido el territorio a sus espaldas, sin haberlos consultado.
En las fotos de la visita gubernamental, junto a los ministros de Estado, aparece el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick, lo cual llamó la atención de usuarios en redes sociales.
El periodista Andrés Durán recordó que el gobierno estadounidense es uno de los garantes de la operación a través de la DFC que otorgó 656 millones para un seguro de “riesgo político”.
Pero ¿podrá un próximo gobierno revertir un convenio tan cuestionado y que no parece contribuir en la práctica a la preservación ambiental de Galápagos y al beneficio de sus habitantes?
La posibilidad de que esta tendencia y la orientación económica “libertaria” y empresarial cambien en agosto de 2023, gracias a las elecciones forzadas por la muerte cruzada, es un asunto incierto, comentó en un artículo sobre el tema el historiador ecuatoriano Juan Paz y Miño.
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