A dos años del magnicidio, la organización estima que la investigación no ha estado a la altura del brutal crimen, que hundió aún más al país caribeño en una crisis política, socioeconómica y de seguridad sin precedentes.
“¿Por qué fue asesinado el presidente? ¿Quién autorizó el asesinato? ¿Quién no hizo su trabajo?”, son algunos de los cuestionamientos de la plataforma de derechos humanos que criticó el estancamiento de la pesquisa en Haití, mientras sugiere que la paralización de las investigaciones podría ser una estrategia para vaciar el caso de su esencia y llegar a una parodia de juicio.
“Solo la creación de un tribunal especial o de una cámara especial puede llevar a un verdadero enjuiciamiento de este caso, de lo contrario seguirá una pléyade de jueces de instrucción, a la que pronto seguirá un sexto, probablemente una parodia de juicio después de haber vaciado el caso de su sustancia”, alertó.
Además, recordó que actualmente tiene lugar una doble pesquisa, en Haití y Estados Unidos, y en el último país ya uno de los implicados, el empresario Rodolphe Jaar, fue condenado a cadena perpetua.
Advirtió, asimismo, que en Haití la instrucción se reiniciará cada vez que un juez no pueda cumplir los plazos, y los magistrados no están obligados a continuar las acciones de sus predecesores.
Hasta la fecha cinco jueces estuvieron a cargo del archivo, el último de ellos Walter Wesser Voltaire, quien en las últimas semanas convocó a varias audiencias para dilucidar el caso.
Ante esta situación, la plataforma insta a las autoridades haitianas a explorar otras propuestas, entre ellas los tribunales especiales de Camboya, Líbano, Sierra Leona y la República Centroafricana, así como las cámaras extraordinarias y penales en África y Kosovo.
Esos tribunales, de los que forman parte jueces nacionales e internacionales, se remiten al derecho nacional en lo que respecta al procedimiento y la incriminación, e incorporan el ordenamiento jurídico interno, señaló la instancia.
Moïse fue asesinado en su residencia privada el 7 de julio de 2021, aparentemente por un comando armado integrado por exsoldados colombianos, muchos de los cuales se encuentran detenidos, pero sin imputárseles cargos.
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