De acuerdo con la directora del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Lilian González, el acuerdo con la filial de la transnacional canadiense First Quantum promueve la creación de enclaves que ceden la soberanía nacional a grupos foráneos.
La experta adelantó a la prensa diversas acciones de repudio al publicitado arreglo oficial para presionar a la Asamblea Nacional que no avale ese texto que lesiona el patrimonio, según reseña el diario Bayano Digital.
Un comunicado emitido por la alianza Panamá Vale Más sin Minería indicó que el mencionado contrato ”es jurídicamente inviable, ya que reproduce el vicio de inconstitucionalidad del contrato anterior”.
Subrayó que es una «estafa económica” inaceptable, ya que cede a Minera Panamá el derecho a generar, producir y usufructuar los recursos y bienes, como energía, aguas y puertos.
Por su parte, la arquitecta y ambientalista Raisa Banfield sostuvo que el contrato permite la explotación de fondo de mar y ríos, como parte de una visión entreguista de los gobernantes de turno.
El 9 de marzo pasado, el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, afirmó, que ”el nuevo contrato conserva los términos que ambas partes acordaron en enero de 2022, brindando así importantes beneficios económicos, fiscales, ambientales, laborales y sociales para el pueblo».
También alabó que el nuevo contrato crea las condiciones necesarias para que Minera Panamá continúe sus operaciones en un entorno de inversión justo y equitativo.
Sin embargo, los ambientalistas señalaron que las concesiones a las que se refiere Alfaro provocarán la destrucción de biodiversidad, así como el uso abusivo y no pago de aguas superficiales y subterráneas, que terminarán contaminadas de forma irreversible por la explotación intensiva de una ”actividad nociva para las comunidades aledañas.
Los ambientalistas subrayaron además que el contrato se ha operado de forma antidemocrática, con una falsa e inequitativa consulta vía internet, ignorando a la población afectada, así como las numerosas objeciones presentadas durante el proceso.
Sobre el tema, el analista y activista ambiental José Eugenio Stoute afirmó que en el consorcio minero participan como accionistas Estados extranjeros, lo que es una clara violación constitucional.
También explicó que en este caso hay un desacato a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2017 sobre el tema minero, lo que puede ser descrito como un ”acto de traición al país”.
Stoute remarcó que ello obliga a los diputados a actuar con plena conciencia y patriotismo en defensa de la nación.
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