La JEP, que forma parte del sistema de justicia transicional nacido tras el Acuerdo de Paz de 2016, señaló a los excombatientes como responsables de crímenes de guerra, toma de rehenes, homicidios, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos.
Asimismo, de crímenes de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad como asesinato, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos, por hechos ocurridos en Tolima, Huila y Quindío (Centro-sur de Colombia).
De acuerdo con la JEP, el antiguo Comando Conjunto Central de las FARC-EP, estructura la que pertenecían los acusados, adoptó la política de financiarse mediante los secuestros.
A través de la Comisión Financiera Manuelita Sáenz se creó un sofisticado sistema de secuestro y extorsión para cumplir con la cuota de dinero que debía ser entregada al Secretariado, añadió.
Como parte del trámite judicial y su obligación de aportar verdad plena, detallada y exhaustiva, y de reparar a las víctimas, la JEP espera la ampliación de la información entregada por los comparecientes frente a hechos concretos.
Los comparecientes imputados tienen 30 días hábiles para entregar información de personas que habrían sido secuestradas y luego desaparecidas.
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.
Tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016.
Fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera.
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