«Nos solidarizamos con su familia y su comunidad, y exigimos una investigación eficaz a las autoridades competentes. ¡No más ataques contra la paz!», expresó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz al tiempo que repudió el crimen.
Mendoza, quien se encontraba en proceso de reincorporación, era miembro de la asociación Unidos Producimos paz por el Caquetá y de la asociación de reincorporados de Puerto Rico.
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en 2020 para los municipios de El Doncello y Puerto Rico en la cual señala que el escenario de riesgo de violaciones a los derechos de la población civil, se determina a partir del posicionamiento y la configuración de grupos de las extintas FARC EP no acogidos al Acuerdo de Paz.
Este territorio está en disputa por el Frente Rodrigo Cadete del Estado Mayor Central-FARC y la compañía Fernando Díaz de la Segunda Marquetalia, según la alerta.
La población en proceso de reincorporación a la vida civil y sus familiares, especialmente la que se ha ubicado de manera dispersa en el municipio de Puerto Rico, corren riesgo por ser objeto de amenaza y homicidio selectivo, señala el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
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