La jueza Yanibet Rivas, al dictar el inicio de juicio contra 43 personas físicas y jurídicas imputadas en los denominados casos Coral y Coral 5G, reiteró la facultad del Poder Ejecutivo para ser querellante y actor civil en los procesos penales. Rivas sostuvo que la designación del Equipo de Abogados para la Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) no transgrede las facultades del presidente Luis Abinader, ni es una intromisión en las funciones del Ministerio Público.
Rivas dictó la víspera apertura a juicio contra los policías y militares que supuestamente estafaron al Estado con más de cuatro mil 500 millones de pesos dominicanos en una red que el Ministerio Publicó denominó Operación Coral.
El engaño al erario público ocurrió según parece a través del Cuerpo de Seguridad Presidencial y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística durante las gestiones del mayor general del Ejército Adán Cáceres y el general de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Torres, durante el período 2012-2020.
Cáceres y Torres encabezan una larga lista de acusados que se enfrentarán a un juicio de fondo en el que podrían ser condenados por el desfalco de los recursos de los contribuyentes. De igual manera pasan al siguiente proceso judicial 14 empresas de 18 señaladas de constituirse para lavar los bienes sustraídos al Estado.
A los imputados se les atribuye el desvío de fondos públicos, falsificación de documentos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
El Ministerio Público estableció en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir bienes muebles e inmuebles, automóviles de lujo y propiedades.
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