«Esa exigencia ha sido inamovible para todos los grupos armados irregulares que han demostrado su interés en ser parte de la paz total», enfatizó la instancia en un comunicado emitido este día.
Señaló que el Gobierno de Gustavo Petro reconoce que la responsabilidad por la protección de la vida y las garantías de seguridad de la población firmante recae enteramente en el Estado.
Por eso, de manera transversal y más allá de los escenarios de diálogo, se han adoptado todas las medidas pertinentes para su protección, explicó.
Existen grupos armados ilegales que han optado por no aceptar la invitación al diálogo extendida por el actual Gobierno que, sin excepción alguna, están siendo enfrentados con decisión por la fuerza pública, aseguró.
La autoría de varios asesinatos y amenazas en contra de firmantes de paz está aún por esclarecerse, situación que exige investigaciones eficaces y sanciones por parte de las autoridades responsables, añadió.
Aseguró que siguen avanzando en la desarticulación de estructuras criminales y en iniciativas para combatir la estigmatización de la población firmante de paz.
La Oficina recalcó que ningún ataque o amenaza en contra de un firmante de paz ha sido silenciado, negado, o dejado sin respuesta durante este Gobierno, y las exigencias correspondientes a los grupos armados han sido puntuales.
«La muerte violenta de un sólo firmante de paz es inaceptable y vemos todo acto violento en contra de la población firmante como una afrenta a los esfuerzos y anhelos de paz de la gran mayoría de la sociedad colombiana, que está hastiada de la violencia», manifestó.
El pasado sábado el Gobierno y el Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (EMC-FARC), guerrilla no acogida al acuerdo de Paz, anunciaron que llegaron a un acuerdo para establecer una Mesa de Diálogos de Paz.
En la instalación de la Mesa, las partes discutirán y aprobarán el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional.
Para tal efecto, desde el anuncio y hasta la fecha de instalación, delegados de las dos partes iniciarán la fase preliminar de la Mesa de Diálogos de Paz.
Cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz indican que desde 2016, cuando el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, han sido asesinados 378 firmantes de paz.
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