En un comunicado, esa cartera del Estado precisó que la decisión fue tomada luego de que la Inspección General de Justicia (IGJ) determinara que, pese a estar registrado como una organización sin fines de lucro, el IEES desplegó acciones ajenas a su objeto social.
Además, desde esa entidad fue estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a acciones de proselitismo político a través de seminarios, almuerzos y/o aportes.
De acuerdo con el informe de la IGJ, el Instituto pagó pasajes, alquileres de salones, estadías y hasta cuatro líneas de teléfono a nombre del partido Unión por la Libertad, el cual era liderado por Bullrich y ahora forma parte de Propuesta Republicana, también dirigido por ella.
Además, entregó casi nueve millones de pesos (32 mil 608 dólares) a sus propios miembros, entre ellos el diputado Gerardo Milman, investigado por supuestos vínculos con el intento de asesinato a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández.
De 741,93 pesos (2,6 dólares) en 2019, el IEES pasó a registrar ingresos por 90 millones (326 mil 86 dólares) en 2022, los cuales no se corresponden con su labor ni con las características de la persona jurídica inscrita, detalló el reporte.
Además, las investigaciones identificaron el uso estructural y financiero de esa entidad para la campaña política de la candidata a presidenta de la nación, lo cual vulnera las disposiciones del Código Civil y Comercial y podría implicar una violación de la Ley 26.215, la cual regula la financiación de partidos políticos.
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