Mediante una resolución, el jefe de Estado comunicó que el abogado Gustavo Adolfo Méndez y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ejercerán de manera conjunta las facultades inherentes a los órganos de la agrupación en ese distrito y realizarán los actos necesarios para normalizar el PJ en ese lugar.
Además, deberán presentar un informe amplio de la situación existente.
El 18 de junio, un grupo de afiliados presentaron una nota manifestando su preocupación ante el avasallamiento de los derechos humanos cometido por el gobierno de Jujuy y su decisión de sancionar una constitución provincial que viola derechos y garantías consagrados por la Carta Magna, señala el texto de la resolución.
Como es de público conocimiento, un grupo de legisladores del PJ del distrito Jujuy, amparados por las autoridades del partido allí, votaron favorablemente a la introducción de modificaciones en la ley de leyes a nivel provincial, añade.
Además, indica que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 10 de la carta orgánica partidaria, todos los afiliados están obligados a observar los principios y bases de acción política aprobados por el PJ.
No quedan dudas de que las autoridades del PJ en Jujuy comulgan con un pensamiento totalmente ajeno a los principios y la doctrina que fundan el justicialismo y contradicen el espíritu y la letra de nuestra Constitución nacional, asevera.
Por tal motivo considera necesaria una medida urgente por parte del Consejo Federal de esa formación.
Pese a multitudinarias protestas, el mes pasado fueron aprobadas modificaciones a los estatutos locales propuestas por el gobernador Gerardo Morales (Unión Cívica Radical), quien respondió con la fuerza a las demostraciones que continuaron tras ese hecho.
Entre los aspectos que generaron mayor descontento se encuentra el artículo 67, el cual establece que, para garantizar el derecho a la paz social, se prohíben los cortes de calles y rutas, así como toda manifestación que pueda ser considerada violenta, lo cual es determinado por la Policía.
Por su parte, el 94 y 95 disponen el control sobre las tierras y el agua, lo cual afecta a las comunidades originarias que no fueron escuchadas por quienes redactaron el texto.
El Gobierno nacional, la Secretaría de Derechos Humanos, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos, agrupaciones indígenas y sindicales condenaron esas violaciones y denunciaron la persecución, los allanamientos y arrestos registrados en Jujuy contra quienes se opusieron a la reforma.
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