“Mi cliente ha respondido a todas las preguntas del juez”, dijo parcamente a los periodistas el abogado Genel Pierre, sin ofrecer otros detalles y recordó que la instrucción es secreta.
Duplan fue uno de los señalados por informes oficiales, de organizaciones de derechos humanos y de Naciones Unidas como uno de los implicados en la masacre que cobró decenas de vidas, entre ellas niños.
Durante los cruentos días de noviembre de 2018 los edificios y escuelas fueron disparados y destruidos, decenas de personas tiroteadas y algunas quemadas vivas, mujeres agredidas y violadas y cientos fueron desplazados por la fuerza de sus hogares.
Muchos cuerpos fueron quemados y enterrados, mientras algunos sirvieron de alimento para animales.
Se necesitaron al menos cuatro días para que las imágenes salieran a la luz, mientras los cuerpos de las víctimas se descomponían entre montones de basura.
Los informes también señalaron como cabecilla al expolicía Jimmy Cherizier, conocido como Barbecue y actual líder de la alianza de pandillas G-9, así como el entonces director general del Ministerio del Interior, Fednel Monchéry.
Mochéry actualmente está sujeto a una orden de arresto emitida por Morin, luego que el exfuncionario declinó presentarse en la oficina del magistrado instructor.
El exdirectivo alegó que el juez instructor tenía lazos con la Red Nacional de Derechos Humanos que emitió un demoledor informe sobre la masacre y pidió la recusación del letrado.
Para la Oficina de Abogados Internacionales la solicitud de Monchéry es una estrategia dilatoria para ahogar el caso e impedir la celebración de un juicio justo y equitativo.
“Si el juez ya ha empezado a presentar documentos de investigación, como es el caso del juez Jean Wilner Morin en el caso de la masacre de La Saline, el acusado no puede pedirle que se inhiba, e incluso si lo hace, el magistrado puede decidir, a su discreción, deportarse o continuar con su investigación”, aseguró el responsable de la organización Mario Joseph.
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