En el texto solicita cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos para el uso, actualización y alimentación constante del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
Es de sumo interés lograr un uso eficiente de los recursos públicos, evitando al máximo posibles filtraciones o riesgos de duplicidad en la asignación de los mismos, que puedan estar violentando el derecho de otras personas a acceder también a beneficios del Estado, resalta el texto difundido a la prensa.
El Sinirube es una plataforma avalada por el Gobierno, que cuenta con la información necesaria sobre la condición socioeconómica de las personas y familias que solicitan ayuda a las instituciones gubernamentales.
Además, para asegurar que dicha plataforma ofrezca información oportuna y veraz, no solo respecto a la condición socioeconómica de las familias, sino además del registro de beneficios que las mismas reciben por parte del Estado.
Como universidades podrán tener el registro de los estudiantes cuyos hogares están en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad, lo que les facilitará la posibilidad de asignación de beneficios, además, de conocer si los solicitantes ya cuentan con un beneficio estatal para ese mismo fin, destacó Chaves en su misiva.
Desde hace varias semanas, Gobierno y rectores de las cinco universidades públicas de Costa Rica negocian el Fondo Estatal de Educación Superior, un presupuesto anual del uno por ciento que otorgan las autoridades, aprobado en 2022 y sin conceder este año por falta de recursos.
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