El magistrado citó a las partes este martes después del mediodía para el inicio de la audiencia, y se podrá conocer si finalmente el reo logró un acuerdo con el gobierno para suspender el proceso por compra fraudulenta de una fábrica de abonos nitrogenados, y corrupción con la empresa brasileña Odebrech, en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
De mantenerse preso significa que se quebró un posible acuerdo de resarcimiento por 10,7 millones de dólares que Lozoya rembolsaría al estado por daños al fisco, cifra que hace algunos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró muy baja.
Si se tiene en cuenta que solamente la compra de la fábrica obsoleta de abonos implicó una operación por 200 millones de dólares, y las concesiones a Odebrecht fueron por decenas de millones, se entenderán las razones del mandatario quien dijo es muy importante recuperar esos dineros para la nación.
Al preguntársele al acusado de dónde sacaría todo ese dinero, dijo que era parte del patrimonio familiar, y aunque su afirmación provocó muchas dudas, lo cierto es que, al menos públicamente, no se hizo una verificación de la fortuna que él alega. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene su acusación formal por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero la representación legal de Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera informaron al juez que aceptaron dialogar con la defensa para tratar de llegar a un acuerdo reparatorio.
El magistrado aceptó y dio un plazo hasta hoy, y como las partes no se han reportado, convocó a una audiencia que se iniciará en esta jornada.
La defensa se queja de que el presidente López Obrador no autorizara todavía la firma del acuerdo reparatorio de agronitrogenados, y del caso Odebrecht, para suspender ambos procesos penales.
Alegó que si el mandatario firmara y se proceda a garantizar la reparación del daño solicitada por las instituciones a fin de que Lozoya Austin obtenga su libertad, este podrá continuar colaborando con el gobierno de la República.
En cuanto al monto de la reparación, la defensa dijo en mayo pasado que la cifra exacta es de 10 millones 736 mil 351,7 dólares que el gobierno federal fijó a su cliente por los dos casos, de manera formal y por escrito, ante un juez federal, y por lo tanto no puede ser modificado.
Los abogados defensores también respondieron de igual forma y los mismos argumentos, a señalamientos del director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quien consideró que el monto antes citado, no necesariamente hace un resarcimiento de los daños.
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