Por Anelí Ruiz García
Corresponsal jefa en Haití
Henry, un neurocirujano de 73 años, con una postura política moderada, integró con anterioridad el gabinete del presidente Michel Martelly (2011-2016) como ministro del Interior y luego de Asuntos Sociales y Trabajo, además de formar parte el Consejo de Sabios que propuso la jefatura de Estado Provisional tras el golpe de Estado contra Jean-Bertrand Aristide en 2004.
El jefe de Gobierno fue nombrado dos días antes del magnicidio y entre sus promesas se encontraba forjar un acuerdo inclusivo que permitiera acercar las posturas políticas profundamente divididas por el mandato de Moïse.
“Hay un contexto de polarización extrema entre los sectores, pero es necesario una solución durable a la crisis multiforme”, reconoció Henry al asumir el cargo y se comprometió con restablecer el orden en el país.
Sin embargo, dos años después la situación no varió mucho y tanto Henry como sus oponentes parecen enquistados en sus posturas, pese a las mediaciones de la comunidad internacional y de la crisis de inseguridad que se agravó bajo su gestión.
En los últimos meses el primer ministro incrementó sus reuniones en busca de diálogo y unión, como el ocurrido en Jamaica durante junio, pero que nuevamente cerraron sin consenso, pese a los auspicios de la Comunidad del Caribe (Caricom).
En la cumbre de Kingston que reunió a más de 50 actores políticos y de la sociedad civil de Haití, Henry se comprometió con la ampliación del Alto Consejo de Transición, estructura fruto del acuerdo gubernamental del 21 de diciembre y con la cual debe contar el ejecutivo para remodelar el gabinete, realizar elecciones o modificar la Constitución.
A mediados de julio, una delegación de Caricom integrada por tres ex primeros ministros de la región: Kenny Anthony (Santa Lucía), Perry Christie (Bahamas), Bruce Golding (Jamaica), así como la embajadora Colin Granderson, visitó Puerto Príncipe y se reunió con representantes de diversos sectores del país, pero, como en Jamaica, las discusiones no dieron paso al consenso.
Plataformas como el Sector Democrático y Popular, aliado al Gobierno, calificaron de fracaso las negociaciones, mientras culpaban a los opositores que proponen el establecimiento de un colegio presidencial de cinco miembros para regir los destinos del país.
Por su parte, un comunicado de Caricom afirmó que el Grupo de Personas Eminentes (EPG) de su organización dio algunos pasos como la reducción del grupo de negociadores, tanto del Gobierno como de la sociedad civil y la disminución de los puntos a debatir.
“Otros aspectos positivos se refieren a un amplio acuerdo sobre la ampliación del Consejo Superior de Transición y una mayor cohesión en materia de seguridad, ya que la cuestión no es la necesidad de ayuda en este ámbito, sino la forma que debe adoptar”, aseguró el organismo regional.
INSEGURIDAD AL LÍMITE
Mientras los políticos debaten los destinos de la nación sin llegar a puntos en común, los ciudadanos sufren una violencia sin límites a manos de pandillas que controlan prácticamente la capital y otras zonas aledañas.
Este año el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (Cardh) reportó 539 secuestros, la mayoría en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, fenómeno del que fueron víctimas funcionarios, empresarios, estudiantes y ciudadanos comunes.
Algunos como el expresidente del Consejo Electoral Provisional Pierre Louis Opont, llevan casi un mes en manos de sus captores.
Si bien el Cardh registró una disminución de los raptos en el segundo trimestre con respecto al primero, el informe de la fundación Je Klere, organización que defiende los derechos humanos, fue demoledor sobre la gestión de Henry.
De acuerdo con la plataforma, de julio de 2021 a mayo de este año, al menos dos mil 266 personas murieron de forma violenta y otras mil fueron secuestradas.
Je Klere denunció, además, casos de robo, violaciones, incendios provocados, destrucción de bienes ajenos, plantaciones destruidas y desplazamientos masivos.
“El caos es total, las bandas están por todas partes, en extremo armadas y fuera de control”, afirmó la organización. Agregó que el Gobierno de Henry se caracteriza por actos de violación sistemática de los derechos humanos, un desprecio total por el derecho a la vida y la dignidad humana.
Para intentar frenar a las bandas, el primer ministro solicitó en octubre pasado el despliegue de tropas extranjeras especializadas que apoyen a la Policía, petición que recibió muchas críticas a lo interno por las huellas de intervenciones anteriores.
Casi un año después, aún la comunidad internacional no responde positivamente a la petición, pese a los llamados de Naciones Unidas y la reciente alerta de su secretario general António Guterres que pidió no abandonar a Haití durante su breve visita a Puerto Príncipe el 1 de julio.
HAMBRE SIN PRECEDENTES
En octubre pasado la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) alertaron que el hambre en Cité Soleil, el barrio pobre más alto del país, alcanzó por primera vez niveles catastróficos.
Unas 20 mil personas fueron registradas en el nivel cinco, el más alto de la Clasificación Integrada de las Fases de Seguridad Alimentaria.
“La crisis del hambre en Haití no se ve, no se escucha y no se aborda. La violencia y las crisis climáticas acaparan los titulares, pero no oímos hablar tanto de los 4,9 millones de haitianos que luchan día a día por alimentarse”, lamentó Cindy McCain, responsable del PMA.
Agregó que, per cápita, la proporción de haitianos que se enfrentan a una inseguridad alimentaria de nivel de emergencia es la segunda más alta del mundo, “no podemos abandonarlos”, afirmó.
Ante este panorama los desafíos de Henry son complejos, a lo cual se suma su proyecto de elecciones y reforma constitucional, en medio de un escenario de profunda violencia, con indicadores económicos en rojo, hambre, emigración y la desconfianza de los ciudadanos en sus líderes.
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