Citado por el portal G1, el estudio asegura que el gigante sudamericano cerró el año pasado con 783,4 mil certificados de registros de cazadores, tiradores deportivos y coleccionistas (CAC).
En 2018, eran 117,5 mil y los registros en el Sistema Nacional de Armas (Sinarm) de la Policía Federal (PF) también subió en los últimos años.
Las estadísticas son del anuario, con base en información del Ejército y teniendo en consideración registros para CAC.
De acuerdo con la fuente, en 2018, antes de Bolsonaro asumir, la cifra de personas con permisión CAC era de 117,5 mil, es decir, 56 brasileños cada 100 mil poseían licencia para armas.
Ahora, hay 783,4 mil registros, lo cual significa que cada 100 mil personas, 386 tienen la autorización.
Este guarismo de 2022 representa un alza de 37 por ciento en comparación con 2021 y en la práctica significa que Brasil aumentó más de 211 mil certificados de registro de artefactos bélicos en un año.
Tal crecimiento de CAC en todo el país bajo la administración de Bolsonaro fue revelado en enero pasado por G1, según datos obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información del Ejército. Los investigadores del Foro Brasileño de Seguridad Pública David Marques y Roberto Uchôa destacan que esta subida no fue orgánica, sino artificial y estimulada por medio de una serie de incentivos reglamentarios.
«Con la llegada de Bolsonaro al poder, (…) fueron editadas decenas de medidas, con el objetivo de facilitar la adquisición de grandes cantidades de armas y municiones, así como el acceso a armas de calibres que hasta entonces eran restringidos», afirman.
El anuario apunta asimismo que hubo crecimiento de registros en el Sinarm. El número pasó de alrededor de un millón en 2019 a casi 1,6 millón en 2022, un incremento de casi el 50 por ciento.
También llama la atención que, según la PF, más de 1,5 millones de aparatos de guerra estaban con registros caducados en el pasado, pues los propietarios no cumplen con la determinación legal de renovar sus licencias en los plazos establecidos.
Por ello, el Gobierno desconoce el paradero de estas armas y sus condiciones.
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