La virtud de la marcha y su desarrollo pacífico fue destacado por el ministro del Interior Vicente Romero y por la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha, que conduce el movimiento.
Romero atribuyó el mérito a la Policía y minimizó las marchas que se realizaron en Lima y en casi todo el país, y sostuvo que a nivel nacional protestaron 21 mil personas, seis mil de ellas por razones ajenas a la demanda de renuncia presidencial y de nuevas elecciones generales.
Jorge Pizarro, vocero de la coordinadora, destacó el alcance de las manifestaciones y la gran participación limeña, pese a la campaña oficial y mediática de criminalización de la protesta que buscaba desalentar la participación ciudadana.
El ministro celebró el hecho de que “la gente quiere trabajar”, insistiendo en el discurso oficial de que las protestas buscan paralizar el país, pese a que la coordinadora ha dicho reiteradamente que solo se trata de marchas pacíficas sin afectación de las actividades.
Romero sostuvo además que no hubo protestas en las reuniones de Piura, Lambayeque, San Martín y Madre de Dios, sin embargo, el reporte de la Coordinadora y de la Defensoría del Pueblo incluyeron a las tres primeras.
La Defensoría precisó que hubo marchas y concentraciones en 59 provincias de las regiones costeras de Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna; las andinas de Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Junín, Pasco y Cajamarca; y las amazónicas de Loreto, Ucayali, Amazonas y San Martín.
El ministro elogió y felictó a la Policía por el resultado incruento, aunque hubo al menos ocho heridos, cuatro de ellos policías, y ocho detenidos, uno de ellos tras arrojar a los uniformados una bomba incendiaria de fabricación casera, sin consecuencias.
El exministro del Interior Rubén Vargas, ajeno al progresismo, declaró que sería un grave error que el Gobierno proclame victoria y considere resuelto el problema, en tanto advirtió que “Lima ha despertado” al sumarse a las protestas, lo cual es grave para Boluarte.
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