Las demostraciones tendrán lugar un mes después de que las fuerzas bajo el mando del gobernador Gerardo Morales (Unión Cívica Radical) agredieran a quienes se opusieron a modificaciones de los estatutos locales.
Entre los aspectos que generaron mayor descontento se encuentra el artículo 67 de la ley de leyes jujeña, el cual establece que, para garantizar el derecho a la paz social, se prohíben los cortes de calles y rutas, así como toda manifestación que pueda ser considerada violenta, lo cual es determinado por la Policía.
Por su parte, el 94 y 95 disponen el control sobre las tierras y el agua, lo cual afecta a las comunidades originarias que no fueron escuchadas por quienes redactaron el texto.
Las marchas de esta jornada coinciden, además, con el aniversario 47 de la conocida como Noche del Apagón, en referencia a cortes eléctricos realizados por fuerzas de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) en la localidad de Libertador General San Martín para secuestrar y asesinar a estudiantes, militantes políticos o sociales, sindicalistas y manifestantes.
El 14 de este mes, integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la Central de los Trabajadores de Argentina, el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, entre otros, advirtieron sobre la grave situación existente en Jujuy, donde tienen lugar “decenas de allanamientos, detenciones arbitrarias y causas armadas”.
Durante una conferencia de prensa, exigieron que Morales asuma la responsabilidad de lo ocurrido y demandaron la liberación de maestros, dirigentes sociales y abogados, arrestados por participar en las protestas o defender a quienes lo hicieron.
Además, denunciaron la ocupación por fuerzas policiales de universidades públicas.
Repudiamos a Morales, un represor y genocida. Es un reflejo de lo que puede llegar a pasar si individuos como él ganan las elecciones, afirmó Taty Almeida, de las Madres-Línea Fundadora.
Por su parte, Estela de Carlotto, de las Abuelas, instó a cuidar la democracia y a impedir que continúen ocurriendo delitos de ese tipo a cuatro décadas de finalizada la dictadura.
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