El grupo acusará además al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y al juez séptimo penal, Fredy Orellana, por los delitos de abuso sobre los sufragios, prevaricato, coacción comicial, resoluciones violatorias a la Constitución y violación a la Ley de leyes.
Incluyó los actos realizados con el objetivo de decretar la suspensión provisional del partido Movimiento Semilla, lo cual atenta directamente contra las votaciones efectuadas.
Violan, afirmaron, el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual claramente dispone que durante el proceso no se pueden suspender agrupaciones.
Los tres funcionarios incurrieron en situaciones que constituyen amenazas y hostigamientos en contra de las autoridades del TSE y el director del Registro de Ciudadanos de ese ente, Mario Muñoz.
Las autoridades indígenas reprobaron que iniciaran investigación penal, por la negativa a cumplir la orden ilegal de suspender a Semilla.
La resolución de la FECI, agregaron, contraviene lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad el 13 de julio pasado, que dispone dejar en suspenso la resolución del juez, en cuanto a cancelar la participación de la fuerza señalada.
Exigirán el retiro del derecho de antejuicio a Porras y Orellana, así como que se proceda a una investigación inmediata en contra de Curruchiche y se le separe del cargo a efecto de permitir un análisis imparcial.
Solicitarán, además, el nombramiento de un Fiscal Especial para investigar a los funcionarios denunciados.
Distintas organizaciones insisten aquí en expresar que defenderán los resultados de las votaciones del 25 de junio último y condenan la posición impositiva del Ministerio Público sobre el TSE.
La FECI llegó la víspera por segunda vez en apenas una semana al Registro de Ciudadanos en un operativo ampliamente criticado a lo interno y externo de la nación.
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