Organizaciones humanitarias y de víctimas de la represión durante la dictadura militar (1973-1990) dijeron que detrás de una iniciativa aparentemente humanitaria, se oculta la intención de excarcelar a condenados por graves crímenes perpetrados durante esos años.
La vicepresidencia de Derechos Humanos del Partido Socialista chileno manifestó este viernes su rechazo a la maniobra de impunidad encubierta, presentada ante el Consejo Constitucional por los republicanos.
Pretenden, señala la entidad, burlar el compromiso del Estado de hacer justicia en todos los crímenes de lesa humanidad y la exigencia del cumplimiento efectivo de la sanción impuesta.
Si bien hay muchos actos brutales, como secuestros, torturas y asesinatos, todavía impunes, se logró juzgar y encarcelar a un grupo de antiguos militares y agentes del régimen de Augusto Pinochet, varios de los cuales están detenidos en el penal de Punta Peuco.
El ministro chileno de Justicia, Luis Cordero, dijo que la propuesta busca liberar y mandar a sus casas a los sancionados por delitos graves, los cuales no prescriben, ni son susceptibles de ser amnistiados.
Hay en estos momentos más de 50 mil presos en Chile y de ellos solo 265 tienen más de 75 años, incluidos 153 condenados por crímenes de lesa humanidad.
Si la propuesta es aceptada, algo muy probable por la mayoría de miembros del Partido Republicano en el Consejo Constitucional, dijo Cordero, se afectarán el derecho internacional y los tratados firmados y ratificados por Chile en esta materia.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, advirtió que esta es una forma solapada de liberar a los criminales y burlarse de la lucha de los parientes de las víctimas y de todos los simpatizantes con su causa.
rgh/car/eam
