El recurso legal del ente encargado de los comicios incluyó, al no garantizar el ejercicio de sus funciones, de los órganos comiciales temporales y de la ciudadanía, a la Fiscal General, Consuelo Porras; ministro de Defensa, Henry Yovani Reyes; y de Gobernación, David Napoleón Barrientos.
Además, contra el titular de Finanzas Públicas, Edwin Martínez; la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Organismo Judicial (OJ), Silvia Valdez; y el Procurador General de la nación, Wuelmer Ubener Gómez.
Aparecen reflejados también el Procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova; y el Director General de la Policía Nacional Civil, Edwin Manfredo Ardiano.
El TSE pidió que se abstengan de emitir órdenes opuestas a la oficialización de resultados de los sufragios del pasado 25 de junio.
El objetivo con la acción legal -planteó- es proteger la transparencia y legitimidad del proceso de votaciones efectuado y asegurar que la voluntad del pueblo se respete sin interferencias indebidas.
El ente electoral exhortó a los funcionarios “a tomar en serio la importancia de su papel en el mantenimiento de la democracia” y que las posiciones de estos no afecten negativamente el proceso en curso.
Distintas organizaciones insisten aquí en expresar que defenderán los resultados de las votaciones efectuadas y condenan la posición impositiva del Ministerio Público sobre el TSE.
Amplia repulsa provocó la segunda llegada la víspera, en apenas una semana, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad al Registro de Ciudadanos.
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