Sus funcionarios de forma responsable han cumplido su deber, apegados a la ley, consideró la organización ancestral en referencia a las arremetidas del Ministerio Público (MP) contra el Registro de Ciudadanos del ente encargado del proceso de votaciones.
Nadie está obligado a cumplir órdenes ilegales, especialmente si provienen de corruptos vinculados al crimen organizado y a sectores violadores de los derechos humanos, planteó mediante un comunicado.
Expresó su profunda preocupación por las constantes violaciones a las disposiciones de la Constitución, por parte del MP y el jefe del Juzgado séptimo del ramo penal, Fredy Orellana.
Buscan violar el derecho fundamental de los guatemaltecos de elegir y ser electos, proteger a los funcionarios del régimen de corrupción e impunidad que ha imperado en Guatemala en los últimos gobiernos, subrayó el Consejo.
Desesperadamente persiguen aferrarse al poder para continuar saqueando y apropiándose del dinero del pueblo, agregó en el texto.
Exigió a la Corte de Constitucionalidad garantizar el cumplimiento de Ley Electoral y de Partidos Políticos, la segunda vuelta de los sufragios y que además le brinde amparo legal al TSE.
Las autoridades indígenas responsabilizaron a la Fiscal General, Consuelo Porras, al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y a Orellana por la crisis que están provocando.
Respaldaron el trabajo realizado por las misiones de observación electoral internacional y pidieron elevar las denuncias respectivas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Solicitaron la renuncia de Porras, Curruchiche y Orellana por “sus acciones espurias, ilegales y abiertamente antidemocráticas”, mientras se solidarizaron con el TSE y se mostraron a favor de su defensa del voto ciudadano.
Los 48 cantones llamaron a otros pueblos indígenas, a la población en general y a las organizaciones sociales a manifestarse y sumarse a la lucha por el respeto a la democracia y a la voluntad popular expresada en las urnas.
Declararon asamblea permanente y confirmaron la disposición a adoptar “las medidas que sean necesarias por la defensa de la democracia, de la voluntad popular y un futuro de dignidad para nuestras familias y nuestro país”.
Por una Guatemala democrática, libre de corrupción y de dictaduras, concluyeron las autoridades indígenas tras la conmoción provocada por el MP a partir de su cuestionada investigación con el partido movimiento Semilla como centro.
Bernardo Arévalo, aspirante a la presidencia por esta fuerza calificada de progresista, prosigue su campaña rumbo al balotaje, en duelo ante la ex primera dama Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza.
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