Señala el informe que los militares están entrenados para la guerra y, por lo tanto, implicarlas en prevención y control interno puede aumentar el riesgo de violaciones de los derechos humanos y socavar el principio del uso proporcional de la fuerza.
Tras el fin de la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet, en 1990, y durante dos décadas los gobiernos posteriores se abstuvieron de utilizar estos recursos, sin embargo, en las dos administraciones de Sebastián Piñera se volvió a esta práctica, recordó el informe.
Entre los ejemplos cita el Plan Frontera Norte (2011) y durante el estallido social de 2019, donde murieron 30 personas y miles resultaron heridas, entre ellas más de 400 con daños oculares.
En febrero de este año, el gobierno de Gabriel Boric ordenó el despliegue de efectivos en Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta para controlar la inmigración irregular.
“De esta forma, esta práctica se ha intensificado en Chile, llegando a constituir una política pública en materia de seguridad”, afirma el estudio.
Frente a este escenario, los especialistas de la Universidad de Chile y del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat, recomiendan limitar la intervención de las FFAA en estas tareas y dar prioridad al fortalecimiento de la policía.
“Los militares no están entrenados para enfrentar conflictos de la naturaleza del orden interno, sino para ir a la guerra”, afirmó la académica y redactora del documento, Mireya Dávila.
Añadió que al interior de la sociedad la lógica no debe ser la del enemigo, sino la de prevención y control de grupos delictuales, y para esto el Estado debe encomendar a la policía la misión de responder a los desafíos actuales de seguridad pública.
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