«El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aun no se sabe toda la verdad las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del estado, recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados», señaló hoy el gobernante.
«Para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz», señaló en su cuenta en Twitter.
El exjefe paramilitar condenado Salvatore Mancuso reveló ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en mayo pasado su versión sobre la presunta participación de políticos y empresarios en la expansión del paramilitarismo.
Durante cuatro días el excomandante de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) o Clan del Golfo, fue citado a una audiencia única de aporte a la verdad para entregar información que le permitiera a la JEP evaluar si actuó o no como punto de conexión entre los paramilitares y la fuerza pública.
En cuatro jornadas Mancuso se conectó virtualmente desde un centro de reclusión de migrantes en Georgia, Estados Unidos, para entregar información que permitiera ampliar los hallazgos sobre cómo operó el paramilitarismo en asociación con altos mandos militares y miembros de la fuerza pública, agentes de Estado y terceros en medio de la guerra contrainsurgente.
Entre los aportes manifestados por Mancuso hay información sobre las Cooperativas de Vigilancia y seguridad privada para la Defensa Agraria conocidas como Convivir, que fueron un instrumento valioso en el fortalecimiento de las AUC.
Según Mancuso, las Convivir, empresas de extrema derecha surgieron como respuesta del Estado colombiano para dotar de un nuevo marco legal a la defensa de los terratenientes a sus propias tierras, ante la amenaza de los grupos guerrilleros que el Estado colombiano no lograba combatir eficazmente, sirvieron como estrategia y mediación entre la legalidad y la ilegalidad.
Detalló que tuvo acceso a brigadas y batallones del Ejército Nacional para planear operaciones conjuntas con unidades militares y de la Policía Nacional, con el conocimiento y la participación de altos mandos militares.
Hizo énfasis en que élites políticas regionales y nacionales se acercaron a él para solicitarle que creara nuevos bloques paramilitares.
Mencionó el apoyo a paramilitares por parte de integrantes de la familia Gnecco en el departamento del Cesar, así como de empresas como Ecopetrol y Postobón, además de varias bananeras y palmeras, que apoyaron con financiamiento a los paramilitares.
El exjefe paramilitar dijo que en el año 2002 las autodefensas intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso y en elecciones de presidencia y también hubo apoyo a las elecciones de Horacio Serpa, Andrés Pastrana y de Álvaro Uribe.
Señaló la relación que dio el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a los paramilitares, un vínculo surgido desde 1988 y que se consolidó con la llegada de Jorge Noguera Cotes y José Miguel Narváez a la dirección y subdirección de ese organismo en 2002.
De acuerdo con Mancuso, Narváez hacía listados con personas que eran declaradas objetivo militar, desde sindicalistas, como Wilson Borja; defensores de derechos humanos, como Gustavo Gallón, políticos regionales, profesores y estudiantes, hasta políticos como la senadora Piedad Córdoba, el actual canciller Álvaro Leyva y el presidente de la República, Gustavo Petro.
Mancuso relató que la orden para la desaparición de víctimas en territorio venezolano “vino de la fuerza pública.
«Unas víctimas fueron arrojadas al río, en la frontera. Pero miembros de autodefensas ingresaron y dejaron fosas en Venezuela. Allá hay por lo menos más de 200 personas desaparecidas», puntualizó ante la JEP.
En cuanto a las afectaciones producidas sobre la población étnica, especialmente despojos de tierras que padecieron comunidades indígenas como Emberá Katío, Emberá Chamí y el Pueblo Zenú, aseguró que resguardos indígenas se convirtieron en zonas de retaguardia tanto de la guerrilla como de los paramilitares.
De igual forma reconoció que se estigmatizó a mujeres y a personas con identidad de género diversa, en función del control social que impusieron en la región.
Tras esa audiencia de mayo, el presidente Petro invitó a otros antiguos jefes del paramilitarismo a «seguir el ejemplo» de Mancuso y, a quienes fueron integrantes de las AUC, a cerrar el proceso de paz abierto en el Gobierno Uribe garantizando el cumplimiento de los acuerdos allí logrados.
Asimismo, aseguró que el Gobierno buscará que la justicia, la reparación a las víctimas y la verdad sean el camino de la reconciliación nacional.
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