De acuerdo con la cartera, en este período fueron destruidos 27 laboratorios de clorhidrato de cocaína avaluados en más de 13 mil millones de dólares.
También los miembros del ejército en combinación con otras instancias destruyeron 35 toneladas de estupefacientes cuyo valor era superior a mil millones de dólares.
Asimismo, 80 estructuras destinadas para la producción de pasta base de coca, avaluadas en 650 millones de dólares también fueron desintegradas.
De igual forma, más de un millón de plantas en semilleros de hoja de coca fueron eliminadas lo que representa cerca de 160 hectáreas que se dejan de cultivar.
En medio de ese contexto, el gobierno de Colombia, con el fin de definir la nueva Política Nacional de Drogas, continúa analizando las propuestas tanto institucionales como de las personas que habitan los territorios más afectados por el narcotráfico.
La nueva política girará alrededor de cuatro ejes: el cuidado de la vida, del medio ambiente, los derechos humanos y la persecución a las redes del narcotráfico.
La construcción de esta nueva política que tiene una óptica más social y de salud pública que punitiva, parte de la afirmación del presidente Gustavo Petro, quien asegura que la guerra contra las drogas en su país y en Latinoamérica fracasó y ha dejado millones de muertes tanto en esta área como en Estados Unidos, principal consumidor.
Colombia es el mayor productor y exportador de cocaína del mundo, negocio vinculado a estructuras criminales a lo largo de su historia, las cuales provocan violencia en los territorios, desplazamientos forzados, y otros problemas que afectan fundamentalmente a la población.
Además de ser una de las causas estructurales de la violencia, también genera racismo y la desigualdad ante la falta de presencia del Estado en los territorios, asegura el mandatario colombiano.
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