Recientemente el gobierno del presidente Gabriel Boric consideró recomendable llevar a cabo esta acción, tal y como se hizo en anteriores procesos para modificar o tratar de cambiar la ley fundamental.
Las comunidades originarias representan el 12 por ciento del total de la población del país, pero solo tienen un representante en el consejo compuesto por 50 miembros y donde la mayoría absoluta corresponde a partidos de derecha y extrema derecha.
Un oficio firmado por la presidenta del organismo encargado de redactar la nueva constitución, Beatriz Hevia, argumenta que no es competencia de esa entidad, ni tienen recursos suficientes, para hacer una consulta de esa naturaleza.
Agregó que se implementaron otros mecanismos para incentivar la participación indígena en el proceso, sin mencionar cuáles son o cómo funcionan.
Hevia, quien milita en el ultraderechista Partido Republicano, indicó que una consulta a los pueblos originarios no procede en casos de elaboración de una nueva carta fundamental.
Para la consejera constitucional Kinturay Melín, de la región de La Araucanía, esto es un retroceso en participación política de los pueblos originarios y resulta contrario a tratados internacionales firmados y ratificados por Chile.
La víspera la diputada mapuche Emilia Nuyado acusó a la derecha chilena de intentar consagrar por la vía constitucional el despojo histórico de las tierras de esa comunidad.
Dijo la legisladora que se busca desconocer a la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, creada para dar una solución al conflicto entre el Estado de Chile y los mapuche.
Ese es el grupo originario más numeroso del país y desde hace décadas reclama la devolución de tierras ancestrales, en su mayoría en manos de grandes empresas forestales y agrícolas.
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