Durante este periodo el derecho a la vida fue sistemáticamente banalizado, denunció la plataforma en un informe elaborado a partir de entrevistas, investigaciones documentales y la consulta de los líderes comunitarios.
Criticó que el primer ministro Ariel Henry, quien lleva las riendas del país desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse hace dos años, incumplió sus promesas y, como consecuencia, el país se sumió en la pobreza, inseguridad, vulnerabilidad ante las catástrofes naturales y el resurgimiento del cólera.
El documento también denunció la violación del derecho a la vida, la seguridad, el funcionamiento del sistema judicial, la libertad de prensa y el derecho a la manifestación.
En cuanto al acceso a la justicia la organización recordó que fue prácticamente nula como resultado de las repetidas huelgas del personal judicial.
Además, calificó de inconstitucional el nombramiento de ocho jueces del Tribunal de Casación por el jefe de Gobierno y señaló que la denominación es solo prerrogativa del presidente en funciones.
A inicios de esta semana, la plataforma deploró la violencia contra mujeres y niñas perpetrada por las pandillas que funciona como un arma en los enfrentamientos habituales de esos grupos armados.
De igual manera, se hizo eco de los datos aportados por la organización de defensa de las mujeres Nègès Mawon, según la cual 652 mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual en cuatro barrios de Puerto Príncipe, entre mayo de 2022 y marzo de este año.
La violencia se agrava en Haití ante el crecimiento de las bandas que actualmente controlan más del 80 por ciento de la capital, mientras la situación se deterioró en otros departamentos como Artibonite, al noroeste de Puerto Príncipe, donde esta semana la pandilla Gran Grif abrió fuego contra los residentes dejando un saldo de al menos tres fallecidos y varios heridos.
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