Además, «su compromiso con los derechos de las víctimas a la justicia y a la verdad», subrayó el dirigente político.
En su opinión, la repatriación de Simón honraría el Acuerdo de Paz y la palabra del Estado colombiano.
En su misiva, Trinidad manifestó que coincide plenamente con Leyva cuando en su condición de ministro de Relaciones Exteriores, expresó el pasado 14 de marzo que «la Cancillería, vocera de la paz total más allá de las fronteras, tiene el deber de propender por la aplicación de la justicia sin consideración de nombres, tiempo, modo, lugar, origen o condición (…)».
«Hago énfasis en estar de acuerdo con lo por usted expresado, atendiendo a que yo, Ricardo Palmera Pineda (Simón Trinidad) he manifestado interés para ser oído por la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) y en consecuencia garantizar a las víctimas el derecho a la verdad», expresó.
Trinidad, quien cumple una condena, considerada injusta, en una cárcel de máxima seguridad en Florence, Colorado, llamada El Alcatraz de las Rocallosas, manifestó que entiende que la Justicia Transicional pone en el centro a las víctimas y les reconoce sus derechos.
Señaló que ha buscado comparecer ante la JEP, entendiendo que en Colombia existe un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
«Señor Canciller, la celeridad también es necesaria en términos de la justicia, por lo cual considero que usted, como ministro de Relaciones Exteriores y Paz, es la instancia que puede generar los canales entre la JEP y las autoridades de justicia de los Estados Unidos de Norteamérica en torno a mi presencia en La JEP», enfatizó.
Además, añadió que, como canciller, quien desde su condición de cabeza de las relaciones exteriores, junto con el presidente Petro puede solicitar al gobierno de ese país, que le permita su presencia intelectual y física en los procesos de paz priorizados por el presidente de los Colombianos.
Trinidad fue capturado en Quito, Ecuador en 2004, y en Colombia, de acuerdo con defensores de los derechos humanos, lo condenaron de manera ilegal violentando sus derechos fundamentales y lo extraditaron bajo falsos argumentos a Estados Unidos donde fue sancionado a 60 años de prisión.
Cuando fue detenido se le adjudicaron falsos cargos como narcotráfico que no han prosperado y tampoco se pudo demostrar que fuera parte ni que estuviera involucrado en el secuestro de tres contratistas estadounidenses que realizaban sobrevuelos en las zonas en conflicto.
Su abogado defensor Mark Burton lo define como “un símbolo para la paz», porque fue arrestado cuando estaba en una misión humanitaria para un canje de rehenes y prisioneros, y al mismo tiempo, los considera «una víctima del Plan Colombia, porque para Washington y Álvaro Uribe él fue un trofeo de guerra».
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