Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestra que cinco mil 600 millones de personas —el 71 por ciento de la población del planeta— actualmente están protegidas por al menos una política de prácticas óptimas que contribuyen a salvar vidas de los efectos mortales del tabaco, esto es cinco veces más que en 2007.
El informe sobre la epidemia mundial del tabaquismo se centra en la protección de la población contra el humo de tabaco ajeno y señala que casi el 40 por ciento de los países ahora disponen de lugares públicos cerrados completamente sin humo.
Detalla que dos naciones más, Mauricio y los Países Bajos, alcanzaron el nivel de prácticas óptimas en todas las medidas de control del tabaco, algo conseguido solamente hasta el momento por Brasil y Türkiye.
De acuerdo con el estudio en ocho países (España, Etiopía, Irán, Irlanda, Jordania, Madagascar, México y Nueva Zelandia) solo falta una política de las incluidas en las medidas para contarse entre los líderes en el control del tabaco.
Sin embargo, los expertos aseguran que queda mucho por hacer, ya que 44 naciones siguen sin estar protegidas por ninguna de las medidas llamadas Mpower de la OMS y 53 países aún no han prohibido por completo fumar en los establecimientos de salud.
Mientras tanto, solo alrededor de la mitad de los países tienen lugares de trabajo y restaurantes privados sin humo.
Los entornos sin humo ayudan a las personas a respirar aire limpio, protegen de los efectos mortales del humo de tabaco ajeno, hacen que se sientan motivadas para dejar de fumar, desnormalizan el tabaquismo y ayudan a evitar que los jóvenes comiencen a fumar o a utilizar cigarrillos electrónicos.
Las estadísticas precisan que cerca de 1,3 millones de personas mueren cada año a causa del humo de tabaco ajeno, algo totalmente prevenible.
Las personas expuestas al humo de tabaco ajeno corren el riesgo de morir de enfermedades cardíacas y respiratorias, accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo 2 y cánceres.
El estudio demuestra que todos los países, independientemente de su nivel de ingresos, pueden reducir la demanda de tabaco, con sus mortales efectos, lograr importantes victorias para la salud pública y ahorrar a las economías miles de millones de dólares en costos de atención de salud y productividad.
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